(Valencia 24/07/2024) Enrique Márquez, junto las organizaciones políticas y sociales que respaldan su candidatura, ponen sobre la mesa su programa de acción para “restaurar la República” con la participación de todos los actores de la sociedad.
“Se trata de una propuesta programática en construcción, que ponemos a consideración de todas las fuerzas sociales y políticas que se han planteado un cambio, para el debate democrático, y avanzar en la formulación de un programa de consenso que sea punto de encuentro y acuerdo nacional”, señaló el documento.
Colocan como parte de las primeras iniciativas el voto al que consideran en esta coyuntura que “no es solo un acto cívico, sino un acto de resistencia y esperanza, una afirmación de la voluntad popular frente a la manipulación y la opresión”.
“Nos encontramos frente a una iniciativa que no solo propone un acuerdo nacional, sino que demanda un amplio compromiso en torno a un proyecto común, una visión compartida de futuro que trascienda las barreras ideológicas y partidistas. Es un llamado a reconstruir desde los cimientos un sistema democrático, donde el centro de gravedad sea el interés supremo de la nación y el bienestar del ciudadano, dejando atrás los intereses personales y los antagonismos estériles que solo han sumido a Venezuela en el caos y la miseria”, señala la propuesta que esgrime Márquez y sus aliados.
Dentro de lo que consideran que será una gestión “abierta e inclusiva” proponen, entre otras cosas, la creación institucional de una Comisión Tripartita Permanente “en la que, en términos de igualdad, el Estado, los trabajadores y los empresarios construyan el escenario para marchar hacia la reconstrucción nacional”.
“Los conflictos naturales presentes en la sociedad venezolana serán procesados a través del diálogo procurando el acuerdo de todas las partes”, afirma el documento.
La propuesta hace hincapié en la desbonificación del ingreso de los trabajadores, el respeto a los derechos laborales, el regreso de las contrataciones colectivas y la libertad para los trabajadores presos por defender sus conquistas y exigir respeto del patrón Estado.
Consideran prioritario establecer “el salario mínimo y las pensiones en bolívares con una base equivalente a 200 dólares”.
Para garantizar el rescate, viabilidad y sostenimiento de la seguridad social proponen la creación de “un Fondo Soberano alimentado por las regalías petroleras y los ingresos especiales extraordinarios que aporte la República, administrado por una instancia tripartita y sujeto a una ley especial aprobada en referéndum popular”.
En los institucional destacan las propuestas de garantizar la representación de las minorías en el espacio parlamentario, revisar decisiones que hay sobre las organizaciones políticas judicializadas, la potestad de la Contraloría de inhabilitar políticamente sin juicio previo y la reelección indefinida.
“La experiencia en el ejercicio del Poder Ejecutivo en Venezuela, nos ha enseñado lo nefasto que significa para el país y la propia administración del Estado y el gobierno, la permanencia indefinida en el ejercicio del mismo. Por tal razón, someteremos a consulta pública, vía referendo consultivo, la eliminación de la posibilidad de reelección indefinida a la Presidencia, gobernaciones y alcaldías”, señala taxativamente el documento.
Agrega que: “Promoveremos la reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que en violación de preceptos constitucionales establece las inhabilitaciones políticas a través de la Contraloría General de la República sin previo juicio”.
En la economía señalan que adelantarán “una audaz política de recuperación del parque industrial nacional, hoy devastado por las pésimas políticas económicas del gobierno. En este sentido convocaremos a los trabajadores y al sector privado, para que, junto al Estado, formulemos e impulsemos un plan de desarrollo nacional”.
Proponen revisar la estructura tributaria del país y hacer los ajustes para eliminar los obstáculos que impiden el crecimiento económico y por tanto la generación de puestos de trabajo con una remuneración digna que garantice a la población toda calidad de vida.
Estas bases programáticas garantizan que PDVSA será una empresa del Estado.
“Desarrollaremos políticas económicas responsables que corrijan los desequilibrios macroeconómicos, para resolver problemas como la hiperinflación, la devaluación, la fuga de capitales, manejo de la deuda, el desempleo y la escasez, fomentando un ambiente propicio para la inversión y el crecimiento sostenible con igualdad social”, señala el documento.
En acciones concretas de corto plazo señalan que “desde el primer día de gobierno tomaremos todas las medidas requeridas para resolver de manera definitiva la profunda crisis del sector eléctrico venezolano. Nos comprometemos a estabilizar el sistema eléctrico nacional en el lapso de un año”.
El documento hace referencia a que esta conjunción de esfuerzos entre Centrados en la Gente, PCV-Dignidad, REDES, Bloque Histórico Popular (BHP) no es una alianza “puramente electoral y coyuntural, sino que se proyecta hacia el futuro abriendo caminos al porvenir”.
“Esta alianza social y política contempla también la necesaria unidad y debate para enfrentar los desafíos por venir en los próximos escenarios en desarrollo y eventos electorales, que nos permita avanzar en la democratización de las instituciones y en la constitución de nuevos equilibrios y correlaciones de fuerzas.
Finalmente reconocen y asumen que “el desafío es monumental, pero la historia nos enseña que en los momentos más difíciles y complejos es cuando los pueblos encuentran la fuerza para renacer. Con valentía y determinación, podemos abrir un nuevo capítulo en la historia de Venezuela, donde la paz, la justicia, la libertad, la igualdad y la participación sean los pilares sobre los cuales edifiquemos un futuro de esperanza para todas y todos”.
Fuente: contrapunto.com
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