(Valencia 29-09-2023) Representantes del Frente Nacional de Abogado de Venezuela (FNAV), Funda Presos y Movimiento Gremial reiteraron ante la Fiscalía las denuncias contra el juez cuarto de Primera Instancia del estado Carabobo, José Alberto Morillo Torrellas, por presuntas irregularidades en los procedimientos de administración de justicia en el caso del decomiso de 90 toneladas de urea.
El presidente del FNAV, Noé Mujica, explicó que acudieron al Ministerio Público a exigir que se inicie una investigación contra el mencionado magistrado por presuntamente haber incurrido en delitos contra la corrupción, y violado la Ley Orgánica contra las Drogas, al no dar respuesta por la desaparición de las 90 toneladas de ureas que forman parte de la pruebas del expediente 2022400315.
“El juez Morillo Torrellas pertenece a la cadena de custodia de la urea decomisada que inexplicable desapareció, sin embargo se niega informarnos a los jurista que conformamos la defensa, dónde se encuentran esas pruebas del expediente en cuestión” indico.
Por su parte, Moisés Mujica, presidente de Funda Presos, quien también integra la defensa del caso, detalló que acudieron al despacho del juez cuarto de juicio a solicitar una copia certificada de la causa, pero según el abogado la petición fue negada por el titular de ese tribunal, incurriendo así en obstrucción a la justicia y retardo procesal.
“Fuimos agredidos a empujones por el propio juez Morillo y nos amenazó con abrirnos una investigación por forjamiento de expediente si insistíamos con solicitar las copias certificadas del expediente. Hacemos un llamado al presidente del Circuito Judicial del estado Carabobo para que se pronuncie entorno a estas graves irregularidades”, enfatizó
Asimismo, el presidente del FNAV insistió que el fiscal superior de Carabobo se debe fijar posición acerca de las denuncias consignadas contra la jueza Melisa D’Sousa, por negación y obstrucción a la justicia en la misma causa.
Entre tanto, acotó que la Inspectoría General de Tribunales y la Dirección de la Magistratura tienen conocimiento acerca de las supuestas alteraciones que se registran en el caso del decomiso de 90 toneladas de urea, por lo que exigen una respuesta de esos organismos acerca de esas presuntas irregularidades que registra la administración de justicia en Carabobo.
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